Desde hace tiempo se volvió claro que la lucha contra la corrupción será uno de los temas centrales de las actividades proselitistas en que estaremos inmersos hasta julio de 2018. En la coyuntura sociopolítica, cada día se ha vuelto más evidente la importancia de atender esta problemática de manera integral, un problema ignorado por la ausencia de suficiente voluntad política, y si acaso atendido con remedios caseros o de forma desarticulada. Ya sea que hablemos de omisiones, impunidad o acciones ilegales, sus consecuencias han quedado expuestas en los más recientes eventos de la forma más cruel. Los colectivos civiles se han cansado de catalogar y dar seguimiento a los numerosos actos de corruptela. Lamentablemente, es ya un lugar común de numerosos artículos, estudios y discursos enlistar los casos más sonados de corrupción.

Una contienda alterna a los debates sobre la corrupción es aquella sostenida por los partidos políticos para ser reconocidos como el abanderado oficial de las iniciativas anticorrupción, o por lo menos para no parecer el enemigo a vencer. Lo cierto es que si a alguien se le puede adjudicar la directiva en la construcción de un sistema anticorrupción es a la sociedad civil.

Lo anterior ha quedado en evidencia durante el prolongado proceso de construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. El tiempo que ha tomado la creación del Sistema no ha sido para menos. Su arquitectura consiste en una coordinación compleja de instituciones, normas y actores que buscan garantizar una vigilancia y sanción efectiva de toda falta administrativa y hecho de corrupción. La instauración del Sistema ha derivado en una importante serie de reformas, creación de leyes e instituciones, desde el año 2015. Más aún, este proceso ha permitido/exigido una estrecha participación de asociaciones de la sociedad civil tanto para su inclusión activa en el diseño normativo como para denunciar los retrocesos y las medias tintas, consecuencias del vaivén legislativo.

#SNA:

La complejidad que ha traído el diseño del Sistema puede dificultar seguir la pista a todos los pasos de su construcción. Sin la intención de realizar un resumen exhaustivo, a continuación, se ofrece un repaso general sobre el SNA.

Una primera noción que se debe tener clara sobre el SNA es que su estructura se puede dividir en actores (instituciones participantes) y componentes funcionales. Como principales actores, el Sistema incluye seis instituciones de gobierno y la llamada séptima silla. Las primeras seis instituciones son la Secretaría de la Función Pública; la Auditoría Superior de la Federación; el Consejo de la Judicatura Federal (y sus equivalentes estatales); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos; una Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción y una Sala Especializada en el Tribunal de Justicia Administrativa. La séptima silla consiste en un recién formado Comité de Participación Ciudadana (CPC), instrumento de vinculación con la sociedad civil compuesto por cinco ciudadanos con independencia respecto a los partidos políticos.

Por otra parte, según la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA se integra por el Comité Coordinador (CC), el CPC, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales; antes referidos como los componentes funcionales. Es a través de estos mecanismos de comunicación que las diversas instituciones del Sistema deberán coordinar esfuerzos.

El SNA pretende crear herramientas de coordinación y de inteligencia institucional. A este fin sirve particularmente el CC, espacio donde convergen los titulares de las instituciones ya señaladas y que siempre será presidido por quien represente al CPC. Este comité tiene el objetivo de generar estrategias de comunicación donde se logren concertar los esfuerzos anticorrupción: una alternativa a la falta de mecanismos de coordinación que imperó en los esquemas anticorrupción previos.

La implementación del SNA requiere paralelamente de trabajos legislativos estatales para crear los sistemas locales anticorrupción. En este sentido, los congresos estatales deben implementar la Reforma Constitucional, la Ley del Sistema Anticorrupción, así como las leyes secundarias necesarias. Los sistemas locales son el vínculo que el SNA estableció entre los niveles municipales, estatales y federal. Es decir, las minucias de los sistemas estatales son competencia de los congresos locales. Esto ha dado pie a controversias respecto al retraso en la aprobación de leyes secundarias y de nombramientos, así como a modificaciones en criterios de selección, como sucedió en el caso del secretario técnico para la Ciudad de México. Las modificaciones o potenciales fallas en la instrumentación de los sistemas locales amenazan con dejar inconexos los lazos de comunicación del sistema federal con el local, uno de los espacios más comunes de impunidad y abuso de autoridad.

Ciertamente, uno de los elementos más llamativos del Sistema es el CPC. No obstante, sus atribuciones están acotadas a actos de vigilancia y propuesta. Si bien la posición de este grupo es de suma importancia dentro del Comité Coordinador, sus limitantes ya se han puesto a prueba poco tiempo después de su inicio de funciones. Como ejemplo está lo sucedido con la propuesta de solicitud de información del CPC a distintas instancias de gobierno, incluyendo Presidencia, sobre el uso y adquisición del malware Pegasus. La iniciativa fue desechada a la brevedad por el CC, la razón: el espionaje no se encuentra en el catálogo de delitos de corrupción. La debilidad del argumento con que rechazaron tener atribuciones no sólo muestra una comprensión estrecha sobre el fenómeno de la corrupción, sino que constituye un fuerte golpe para la credibilidad del Sistema. Sin embargo, es necesario tener en consideración que, pese a las reformas, las instituciones preexistentes al SNA aún se componen por elementos del “antiguo régimen”. Tal es el caso de la Secretaría de la Función Pública, cuya titular (Arely Gómez) no se excusó de la votación para rechazar la petición de investigar el caso de #GobiernoEspía pese al claro conflicto de interés: el programa Pegasus comenzó a ser utilizado presuntamente cuando Gómez sostenía el cargo de procuradora.

No sólo es previsible, sino que es deseable que el establecimiento del SNA sea objeto de  un constante escrutinio público. En este sentido las asociaciones civiles que acompañaron la reforma desde su génesis no han sido ingenuas y han mostrado una denuncia activa sobre cada paso en falso del sistema anticorrupción. Muestra de ello ha sido el Semáforo Anticorrupción y el Proyecto Ciudadano de Decreto de Reforma al Artículo 102 Constitucional promovido por los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva.

#FiscalCarnal:

El más evidente de los pendientes del Sistema es la designación del nuevo Fiscal General de la República. Recordemos que, a consecuencia de la Reforma Político-Electoral de 2014, se determinó la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio para el año 2018. Originalmente esta reforma planteaba, en el artículo transitorio décimo sexto del decreto, el llamado pase automático del fiscal en turno. A su vez, el inciso A del artículo 102 establecía un plazo de 9 años como el periodo del mandato de fiscal. Ambas disposiciones fueron objeto de inconformidad social y política.

El caso del #FiscalCarnal, denominado así por colectivos de la sociedad civil y partidos de oposición en señal de protesta, ha enmarcado la crisis política que se vive al interior del Congreso. El inicio del periodo de sesiones en septiembre se inundó de cálculos políticos, controversias y acusaciones sobre el pase automático y la elección del próximo fiscal: síntomas de la temprana contienda electoral. Al final, con el retiro de esta disposición, el Frente Ciudadano por México (constituido por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) se adjudicó esta modificación como una victoria personal: capitalizar lo políticamente capitalizable.

Sin embargo, esta mediana victoria quedó opacada por la inesperada renuncia del entonces procurador Raúl Cervantes, a mediados de octubre. El foco de atención pasó nuevamente hacia el Congreso cuando el ex procurador señaló que su renuncia tenía el objetivo de que “no sigan deteniendo [los congresistas] las urgentes leyes que el país necesita”. De esta forma, el discurso defendido por la “oposición” que justificaba el retraso en el nombramiento quedó sin vigencia.

Una vez más, en medio de toda la confusión política, la claridad legislativa llegó desde la sociedad civil. El ya mencionado Proyecto Ciudadano de Reforma ha sido la única propuesta que realmente profundiza en el tema de la arquitectura fiscal necesaria para el funcionamiento del SNA. Además del rechazo al pase automático, ésta busca: definir el perfil del Fiscal General en cuestión de independencia, valores y trayectoria; crear un proceso de designación abierto; establecer comisiones ciudadanas de designación; diseñar procesos de remoción mediante audiencias públicas; reducir periodo del cargo; crear fiscalías especializadas en materia de violaciones graves a derechos humanos y asuntos internos; establecer un servicio profesional de carrera; entre otras.

Ciertamente los elementos de la iniciativa ciudadana son cuestionables tanto en términos operativos como en los efectos de las modificaciones sugeridas; como es el caso de la reducción del periodo del cargo a sólo 6 años, una iniciativa que pierde de vista la lógica del desapego de la duración del cargo respecto al periodo presidencial. No obstante, el proyecto es otro ejemplo claro del liderazgo que la sociedad civil ha ejercido en materia de lucha contra la corrupción. Si bien no es la primera ocasión que la sociedad civil lidera una iniciativa política, el resultado ha sido un efecto de bola de nieve que ha ido permitiendo una constante revisión y problematización de este fenómeno desde la academia y la experiencia internacional.

Queda por esperar que los mecanismos de observación ciudadana que han sido desarrollados en torno a la creación del SNA no queden en desuso, sino que, al contrario, sean adaptados a la evolución del Sistema y expandidos hacia nuevos horizontes que requieren esta misma clase de vigilancia. La participación ciudadana, desde nuevos espacios de control, representa cada vez más un medio de politización alterno a la política tradicional; un tratamiento quizá viable para atender parte del vacío de representatividad (legitimidad) que predomina en el sistema político actual.

 

Imagen tomada de Sputniknews

Posted by:paginasalmon

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