Fotografía de Gerardo Alquicira

La familia es una institución. El Estado una organización. La democracia un sistema. El voto una obligación.

El pasado 19 de junio del año en curso apareció en los titulares una noticia que para algunos resultó ser un alivio, para otros una alarma. El Frente Nacional por la Familia emitió un comunicado en el que anunciaba el pronunciamiento del candidato a la presidencia de la república por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés: “a favor de la vida, […] y en contra de cualquier política pública a favor del aborto […]”; por otro lado, también expresaba que tanto Ricardo Anaya Cortés como el candidato por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, “se han puesto la pulsera del Frente Nacional por la Familia”.

El pronunciamiento anterior no es algo que pueda pasar inadvertido, algo que se pueda dejar al aire; no podemos sencillamente cerrar nuestros ojos y nuestros oídos a la relevancia monumental que este pronunciamiento en particular debería tener en la decisión que vamos a plasmar en las boletas el próximo 1º de julio. El voto es libre y secreto, pero también debe ser informado, y es nuestra obligación como ciudadanos saber por quién estamos votando.

Ahora hablemos de la plataforma “vida, familia, justicia y desarrollo” del Frente Nacional por la Familia. Este Frente surge como una organización civil conformada por padres de familia e instituciones civiles, que nace a partir del 17 de mayo de 2016 “en respuesta al paquete de iniciativas en contra del matrimonio y la familia natural anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto”, según lo expresan en su sitio web. Como parte del cambio de administración gubernamental, el FNF lanzó su plataforma 2018, que consta de quince ejes temáticos, de los cuales, nos centraremos en el número III, que trata sobre el Derecho a la Vida y se transcribe a continuación:

Proponemos proteger la vida desde la concepción, así que buscaremos que el derecho a la vida sea protegido en las 32 entidades de nuestro país. (2)

Actualmente, en nuestro país se protege el Derecho a la Vida desde la concepción en instituciones locales de 17 entidades federativas, a saber:

  1. Baja California Norte (artículo 7; actualizado el 26 de diciembre de 2008)
  2. Sonora (artículo 1; actualizado el 04 de junio de 2009)
  3. Chihuahua (artículo 5; actualizado el 10 de enero de 1994)
  4. Tamaulipas (artículo 16; actualizado el 23 de diciembre de 2010)
  5. Durango (artículo 3; actualizado el 31 de mayo de 2009)
  6. San Luis Potosí (artículo 16; actualizado el 09 de marzo de 2009)
  7. Nayarit (artículo 7; actualizado el 06 de junio de 2009)
  8. Jalisco (artículo 4; actualizado el 07 de febrero de 2009)
  9. Guanajuato (artículo 1; actualizado el 25 de mayo de 2009)
  10. Querétaro (artículo 2; actualizado el 18 de septiembre [año indefinido])
  11. Colima (artículo 1; actualizado el 03 de diciembre de 2009)
  12. Morelos (artículo 2; actualizado el 12 de noviembre de 2008)
  13. Puebla (artículo 26; actualizado el 06 de marzo de 2009)
  14. Oaxaca (artículo 12; actualizado el 09 de noviembre de 2009)
  15. Chiapas (artículo 4; actualizado el 20 de enero de 2010)
  16. Quintana Roo (artículo 13; actualizado el 15 de mayo de 2009)
  17. Yucatán (artículo 1; actualizado el 08 de julio de 2009)

Datos extraídos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Además de las leyes que protegen el Derecho a la Vida desde el momento de la concepción, es necesario resaltar un factor que determina la criminalización de la madre por la interrupción de su embarazo: los causales.

De acuerdo con el Diccionario del Español Jurídico de la RAE (disponible en línea), la causalidad se define en términos penales como la “causa u origen de algo, o también condición causal en una acción o fenómeno, es decir, de ser causa u origen de algo como su resultado, efecto o consecuencia. También se designa abreviadamente como causalidad a la relación de causalidad o nexo causal, esto es, al nexo de unión entre una causa y su efecto, en el delito entre una acción humana y no otro fenómeno o hecho- y como consecuencia suya un resultado descrito en el tipo”. Encontramos cuatro tipos de causalidad: adecuada (selecciona, de entre las circunstancias causantes del daño, aquella que se considera más idónea para producirlo, imponiendo la obligación de indemnizar al agente productor de dicha circunstancia); alternativa (relación de causalidad que se produce cuando varias condiciones independientes actúan conjuntamente, siendo cada una de ellas suficiente para la producción del resultado); concurrente o cumulativa (intervención concurrente de dos o más factores de posible eficacia causal sobre un mismo resultado); e hipotética (supuesto en el que otra causa podría haber causado al mismo tiempo el resultado).

En el caso del aborto, se reconocen ocho causales de aborto en códigos penales al interior de las 32 entidades federativas de la República Mexicana:

  1. Violación: las 32 entidades federativas consideran causal de aborto a la violación.
  2. Peligro de muerte: 24 entidades federativas consideran causal de aborto al peligro de muerte. Las excepciones son los estados de Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero y Campeche.
  3. Imprudencial o culposo: 29 entidades federativas consideran causal el aborto imprudencial o culposo. Las excepciones son los estados de Nuevo León, Tabasco y Chiapas.
  4. Inseminación artificial no consentida: 13 entidades federativas consideran causal de aborto a la inseminación artificial no consentida. Las excepciones son los estados de Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
  5. Salud: 14 entidades federativas consideran causal de aborto a motivos de afectación a la salud. Las excepciones son los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán.
  6. Alteraciones congénitas o graves en el producto: 16 entidades federativas consideran causal de aborto a alteraciones congénitas o graves en el producto. Las excepciones son los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tabasco y Campeche.
  7. Causas económicas: sólo 2 entidades federativas consideran causal de aborto a causas económicas (Michoacán y Yucatán).
  8. Voluntad de la mujer (hasta las 12 semanas de gestación): la única entidad federativa que considera causal de aborto la voluntad de la mujer es la Ciudad de México.

Datos extraídos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Desde abril del 2007 se aprobó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la ley por la despenalización del aborto como delito en conformidad con el párrafo segundo del artículo 4º constitucional que establece que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, de manera que se permitiera la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, para lo cual, se reformaron los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Código Penal para el Distrito Federal; además, se adicionaron los artículos 16 bis 6, y tercer párrafo, y 16 bis 8, último párrafo (artículos 52 y 58 de los capítulos VII (Servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar) y IX (De la interrupción legal del embarazo), respectivamente), de la Ley de Salud del Distrito Federal, que dio como resultado lo siguiente:

Síntesis de los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Código Penal Federal (p. 36-37)

  1. Definen el aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”, y se incluyen dos formas en las que un embarazo puede ser concluido: por medio del parto o un aborto.
  2. Exponen las sanciones a las que tendrán que enfrentarse las madres que voluntariamente interrumpan su embarazo pasadas las doce semanas de gestación y aquél que le hiciere abortar.
  3. Explicitan, también, las sanciones que se aplicarán a aquél que haga abortar a una mujer sin su consentimiento (agregando condiciones específicas a los casos en los que éste se realice por medio del uso de violencia).
  4. Enlistan los excluyentes de responsabilidad penal del delito del aborto.
  5. Hacen hincapié en la obligación de los médicos de brindar a las mujeres embarazadas tanto información como apoyo para que éstas puedan tomar una decisión informada, libre y responsable.

Hay un fragmento en particular que me gustaría resaltar: la aceptación del aborto como una posibilidad de concluir con un embarazo. En las leyes que protegen el derecho a la vida desde la concepción, se establece que la responsabilidad del  Estado de defender los derechos de un ser humano concluye sólo al momento de la muerte natural, lo que hace que precisamente el hecho de practicarse un legrado sea penado de la misma manera (con sus respectivas diferencias, claro está) en la que se pena un asesinato o un homicidio.

Síntesis de los artículos 52 y 58 de la Ley de Salud del Distrito Federal (p. 30 y 32)

  1. Establecen la importancia de la atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar como base de la toma de decisiones individuales en lo que a este ámbito corresponde.
  2. Resaltan la responsabilidad gubernamental de la formulación de políticas y programas sobre salud sexual, reproductiva y maternidad y paternidad responsables.
  3. Fijan como propósito primordial de estos programas y servicios “reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo productivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para niñas y niños, adolescentes y jóvenes”.
  4. Especifican la responsabilidad del Gobierno de la permanencia de los programas y los servicios médicos antes mencionados, además de clarificar la obligación de practicar la interrupción del embarazo cuando la madre lo solicite dentro del plazo estipulado por la ley.
  5. Explicitan que las instituciones de salud son las encargadas de brindarle toda la información a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, además de presentarle todas las alternativas posibles; en caso de que la madre opte por el aborto, éste tendrá que llevarse a cabo en conformidad con lo que dictan las leyes competentes y realizarse de forma gratuita y en condiciones óptimas.

Una de las cosas a resaltar sobre la estructura de los artículos reformados es la forma de atacar al índice cada vez mayor de interrupciones del embarazo a través de un programa integral que comience a actuar desde el mecanismo de la prevención; sin embargo, creo que su principal flaqueza es el hecho de partir del propósito de combatir el aborto como si fuera una enfermedad y no de la necesidad de reducir el número de muertes producidas por la realización de este procedimiento quirúrgico, que pocas veces se practica en condiciones óptimas.

Independientemente de las reformas antes mencionadas que hacen de la Ciudad de México la única entidad federativa que permite la interrupción legal del embarazo por decisión de la madre hasta las 12 semanas de gestación, el FNF propone, no sólo eliminar aquellas modificaciones realizadas a la legislación, sino también la reforma al artículo 4º constitucional, modificación que expone en la sección de su página web Prensa > Infórmate > Documentos.

A últimos días, se ha informado que el posicionamiento del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, fue realizada sin el consentimiento de todos los miembros de dicha coalición, por lo tanto, las reacciones desaprobatorias de dichos miembros no tardaron en aparecer. Resaltan los nombres de Patricia Mercado, Martha Tagle, Jorge Álvarez Máynez, Lucía Rojas y Fernando Belaunzarán, quienes rechazaron aceptar y adoptar la plataforma ultra conservadora elaborada por el FNF.

Cabe hacer una precisión más: aunque no podemos estar completamente seguros de la veracidad de la información que indica que el pronunciamiento del candidato Ricardo Anaya  Cortés se realizó a espaldas del resto de los miembros de los partidos que componen su coalición (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano), ni mucho menos podemos tener certeza de las estrategias que se planee llevar a cabo en materia de interrupción legal del embarazo (debido a la falta de información explicitada al respecto); sí es cierto que tres de las cinco iniciativas federales (actualmente pendientes por dictaminar en el Congreso de la Unión) por la presencia de la violencia obstétrica en leyes de acceso a una vida libre de violencia fueron presentadas por miembros del PRD y MC, para ser exactos, dichas mociones fueron presentadas por la Dip. Martha Lucía Mícher (PRD), el Dip. Ricardo Mejía (Movimiento Ciudadano) y la Sen. María Alejandra Barrales Magdalena (PRD), sumadas a las del Dip. Abel Octavio Salgado Peña y la Sen. Diva Gastélum, ambos pertenecientes al PRI.

Sin embargo, esto tampoco resulta una garantía ni argumento a favor de un supuesto posicionamiento pro aborto y en contra de cualquier tipo de violencia de género ejercida contra las mujeres por parte de los partidos pertenecientes a la coalición Por México al Frente, pues, para nuestra sorpresa, dentro de la plataforma 2018 del FNF este aspecto sí está cubierto, para ser exactos, en el apartado (I) del eje VIII, Familia y salud:

La violencia obstétrica es una de las situaciones más comunes de violencia hacia mujeres en hospitales y servicios de salud. Proponemos adicionar a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia el capítulo IV Bis De la Violencia en Instituciones Médicas, en el cual se incluya una descripción de los tipos de violencia que pueden ejercerse contra las mujeres en los centros de atención médica, incluida la violencia obstétrica. (5)

Temas como la violencia obstétrica y la interrupción legal del embarazo no deben tratarse sólo en términos de elecciones, pero son un buen pretexto para cuestionarnos cuáles son nuestras necesidades y orientaciones respecto a temas de alto impacto social como lo son éstos. Después de la aprobación de la interrupción legal del embarazo en Argentina, una fibra sensible se movió en nosotras y nos hizo tomar conciencia de algo que, aunque teníamos bien presente, habíamos dejado a un lado: el aborto existió, existe y existirá; la discusión no gira entorno a vislumbrar si se está a favor o en contra, sino sobre si se legaliza o no. Estamos cansadas de que el simple hecho de tomar una decisión sobre nuestro cuerpo pueda tener como consecuencia la cárcel o la muerte.

La mujer madre. La madre tradicional. La mujer núcleo de la familia. La figura que mantiene la casa limpia, la comida caliente. La mayoría tiene al menos un recuerdo de las caricias de mamá, las historias contadas, las lecciones aprendidas. El amor de una madre a sus hijos es incondicional. Pero las leyes han obligado a niñas a tener niños, a educar, amar y cuidar a alguien más cuando ellas piden a gritos la misma educación, amor y cuidado. Nos podemos llevar líneas interminables enlistando las razones físicas, psíquicas, emocionales y mentales que resultan contraproducentes al momento de llevar a término un embarazo no deseado (independientemente de las razones que motiven el rechazo a convertirse en madre), pero creo que debería bastar con realizarnos un simple cuestionamiento para apelar a la conciencia: ¿por qué una mujer no tiene el derecho ni la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo? Las mujeres no son incubadoras, no son accesorios. Antes que nada, cada mujer es un ser humano.

Para la conclusión de este artículo me dirijo a las mujeres debido a que somos las directamente afectadas por el tema en cuestión. Pensemos en términos matemáticos. De 32 entidades federativas, sólo una permite la interrupción del embarazo por deseo de la madre hasta las doce semanas de gestación, ¿queremos que, once años después de la despenalización del aborto en la CDMX, se vuelva a proteger el Derecho a la Vida desde la concepción? ¿Estamos dispuestas a permitir que cualquiera tenga el derecho a decidir sobre nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestro desarrollo? Deberíamos estar apuntando a más, no a menos. El próximo 1º de julio tomaremos una decisión y no hay que olvidar que, sea cual fuere el resultado, impactará en la lucha de millones de mujeres, incluida la nuestra, la que llevamos a cabo desde nuestra trinchera, nuestras posibilidades y nuestra individualidad. Somos parte de una colectividad históricamente silenciada, pero ya no nos pueden callar.

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Escrito por:paginasalmon

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